Editorial

Para nadie es un secreto que la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es un veredicto que no se corresponde con el principio de legalidad de este máximo órgano garante del cumplimiento de la ley. Pero ¿Por qué nos extrañamos ante esta descara respuesta? Los que nos quemamos las pestañas indagando y dándole significado a lo que por norma suprema estipula la Constitución Nacional del año 1999 estamos conscientes de que nuestro poder público está dirigido por personas que no sirven al Estado y por ende al pueblo, si no que están en vigilia indefinida para salvaguardarle el puesto al ciudadano presidente reelecto Hugo Chávez Frías. En este sentido, continuamos siendo testigos de eventos arbitrarios y discordantes al marco legal por no estar expresamente fijados en nuestro máximo estatuto jurídico, donde cada línea recibe una interpretación congruente al pensamiento político de quienes dirigen nuestro país y deberían condenar ilegalidades. ¿De qué garantía estamos hablando? Cuando nuestros poderes están concentrados en la decisión de una sola persona, si descaradamente servidores del Estado venezolano vociferan que están con el proceso ideológico del presidente, ¿Se podrán emitir sentencias y dictar leyes cuando no existe garantía de que éstas satisfagan las verdaderas necesidades merecedoras de protección para todos los venezolanos por igual? Es por ello que en este blog intentamos abrir una ventana más allá de nuestras fronteras para revelar, en un conglomerado informativo y de opinión, lo que en Venezuela sucede con nuestros legisladores ante el constante atropello a nuestra ley por conveniencias particulares. Nuestra intención es que se sepa que todavía existe gente que lucha por este país, por el ideal bolivariano y que de ninguna manera apoyamos los sucesos que le dan continuidad administrativa a un vicepresidente ejecutivo, ni a un gabinete ministerial, no por ser caprichosos, sino porque eso no es constitucional y por lo tanto, no es legal.